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Gobierno de Bolivia toma control de la industria petrolera
27 de junio de 2005
Fuente: Reuters
 
 

El gobierno boliviano dijo el lunes 27 de junio que ha decidido tomar el control de las instalaciones petroleras de todo el país, para "garantizar el dominio del Estado en los yacimientos de hidrocarburos", y anunció que comenzará a cobrar de inmediato un polémico nuevo impuesto.

El control de las instalaciones petroleras, que algunos de sus impulsores había calificado como "nacionalización", fue encomendado a los ministerios de Hidrocarburos, de Defensa y de Gobierno (Interior), dijo el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, al término de una reunión nocturna del gabinete del presidente transitorio Eduardo Rodríguez.

Los decretos sobre el control físico, la fiscalización, y el cobro de impuestos fueron aprobados un día antes de que el Congreso abra un crucial período extraordinario de sesiones, en cuya agenda destaca la confirmación de un acuerdo para convocar a elecciones generales anticipadas en un plazo de seis meses.

La llamada "nacionalización" había sido exigida reiteradamente por sectores que denunciaron que, pese a que la constitución declara que los recursos naturales son de propiedad del Estado boliviano, éste había perdido capacidad de controlar la producción de las empresas petroleras extranjeras que operan en el país.

"Habiéndose recuperado la propiedad de todos los hidrocarburos por mandato del referéndum del 12 de julio del 2004 (...) corresponde crear condiciones para el ejercicio efectivo de ese derecho por parte del Estado en beneficio de todos los bolivianos", dijo Avilés al presentar el decreto.

Indicó que la intervención buscará garantizar "condiciones de conservación y seguridad necesarias que se harán extensivas a las instalaciones y bienes de la actividad petrolera".

En Bolivia operan actualmente 12 empresas petroleras extranjeras, bajo 72 contratos suscritos en la última década que les reconocieron la propiedad de los hidrocarburos "en boca de pozo", a cambio de inversiones que posibilitaron multiplicar por diez las reservas de gas natural, para llevarlas a los actuales 52 trillones de pies cúbicos.

Pero los montos reales de inversión y las cantidades exactas de producción y exportación de esas compañías han sido puestos en duda por sectores de izquierda, particularmente el combativo e influyente Movimiento al Socialismo del diputado cocalero Evo Morales, quien dijo reiteradamente que el Estado no sabía lo que pasada en la industria petrolera.

Vieja demanda

Morales fue uno de los impulsores de la demanda de "nacionalización" de hidrocarburos por la cual se produjo la ola de protestas sociales que el mes pasado provocó la renuncia del presidente Carlos Mesa y su reemplazo por Rodríguez.

La "nacionalización" planteada por Morales consistía básicamente en la toma de control efectivo de las instalaciones y la producción de petróleo y gas de las compañías extranjeras, según dijo el mismo líder izquierdista en una reciente entrevista con Reuters .

Avilés indicó que el gabinete de Rodríguez aprobó también un decreto instruyendo la realización de auditorías financieras, operativas, jurídicas y técnicas de las empresas petroleras, junto con la creación de un "Centro Nacional de Medición y Control de Producción y Transporte de Hidrocarburos."

Sobre el polémico nuevo régimen tributario, que sube los impuestos petroleros al 50 por ciento del valor de la producción, anunció que se han aprobado los reglamentos correspondientes para que el cobro se haga efectivo de inmediato, con retroactividad a mayo, cuando fue promulgada la nueva Ley de Hidrocarburos.

Los nuevos tributos, consistentes en una regalía del 18 por ciento y un impuesto directo del 32 por ciento, incrementarán en 106 por ciento los ingresos del tesoro boliviano en comparación con lo que recaudaba bajo el régimen anterior, señaló.

Algunas de las empresas petroleras que operan en Bolivia, como la brasileña Petrobras , la española Repsol YPF y la francesa Total, han advertido que la fuerte carga tributaria recién creada las obligaría a revisar sus planes de inversión en Bolivia.

La nueva Ley de Hidrocarburos dispone la modificación forzosa de los contratos petroleros.

La producción boliviana actual de gas natural se destina principalmente a los mercados de Brasil y Argentina.

 
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